Las decisiones sobre inversión tecnológica de las grandes empresas españolas persiguen un
equilibrio razonable entre el coste de la tecnología y el beneficio que se recibe de la misma.
Sin embargo, las pymes consideran prioritario que el proveedor responda a los problemas
que pueda generar la tecnología adoptada, como la disponibilidad de soporte externo y la
solidez del suministrador.

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